Autoridad y poder: maestros, colegios y estado

En el seno de la sociedad democrática es evidente que se hace una apuesta decidida por la garantía sobre los procesos. Es más, tiende a considerarse que “democracia = proceso democrático”. Sin embargo, el mero hecho de realizar esa apuesta implica la valoración, el juicio de valor y la aceptación de todos lo que viven en el seno de la sociedad democrática, de la posibilidad de el jercicio de dichos procesos. Es decir, la democracia sólo es posible si se tienen algunos valores o principios como absolutos. Es posible que los procesos anulen la democracia.

Ante las dificultades relativas a principios y valores que la sociedades multiculturales y siempre plurales que genera la democracia, ésta, la democracia, sólo puede sostenerse -dicen- apostando aún más por los procesos en detrimento del sustrato común que permite el desarrollo y la existencia originaria de la democracia. Esta situación, en el ámbito educativo se hace especialmente problemática. En efecto, la disminución del ámbito de los fines y principios -que en educación no se identifican aunque dependen uno de otro- implica la disminución de la acción educativa misma en favor del riesgo de manipulación. Los aspectos no tratados o tratados relativamente se convierten son valorados así: como inexistentes o relativos. Es un modo sutil de manipular, puesto que se hace imposible o se niega el diálogo y la libre elección de los responsables y legítimos actores educativos: los padres.

¿Qué hemos hecho ante esta situación? Pues insistir en la identificación entre democracia y proceso -creo que es lo que Miguel, en Boulesis, ha puesto sobre el tapete-. Si a esto sumamos algunas corrientes pedagógicas, el resultado es la “escuela democrática”, es decir, aquella en la que todos los ámbitos de gobierno se ven sometidos a los procesos democrático.

Pongamos en tela de juicio esta situación de hecho. Aportaré, brevemente, algunos puntos que pueden permitir el desarrollo de argumentos completos. Presupongo, por tanto, ciertos conocimientos de antropología filosófica y comprensión antropológica de la familia, filosofía de la educación y filosofía política.

1. La democracia y la educación son cosas diversas. Lo primero es un sistema de gobierno; lo segundo un acción intencional de ayuda al perfeccionamiento de otro -persona- en sus diversas dimensiones.

2. Una vez visto esto, parece que, todo gobierno en el seno del ámbito educativo, debe subordinarse a la mejora del fin de la educación. Es obvio que invertir la prioridad (el medio sobre el fin) puede acarrear importantes problemas.

3. Es más, hay ámbitos en los que el ejercicio del poder es previo a toda elección y deliberación: en el aula el maestro siempre debe poder decir qué ha de hacerse (coacción) y qué no ha de hacerse (coerción), en orden a la realización de actividades de carácter educativo y al sostenimiento de condiciones sociales que permitan el aprendizaje (se suele llamar disciplina, que no es sino el mantenimiento de la estructura maestro-discípulo-.

4. Sólo en este contexto es posible el reconocimiento público del saber (en todos los ámbitos propiamente educativos), es decir, la autoridad. Cuando los elementos previos no existen en el seno de una institución educativa, este otro requisito -que se gana, no se posee originariamente-, carece de espacio real. Si aparece lo haría en condiciones de identidad -como en una pandilla- que, por sí misma no es educativa, y mucho menos pertenece a la educación-formal.

5. La libertad personal del alumno es también susceptible de educación -no se trata sólo de educar “en” libertad, sino de educar “la” libertad-. Ahora bien, el crecimiento de la libertad personal del alumno no implica “sistemas democráticos” -puesto que se trata de establecer los principios que permiten los procedimientos-, sino espacios para la toma de decisiones -educar en libertad- y la asunción de fines y responsabilidades -educar la libertad-.

6. Libertad de los padres para la educación de los hijos no significa democracia, sino libertad para delegar -subsidiariamente- su propia potestad… que no es de carácter democrático. Si la acción educativa de los padres requiere que éstos busquen en el colegio el complemento y ampliación de su propia capacidad, carece de sentido que ésta pierda su carácter propio de “acción educativa”. La extensión de la educación al ámbito escolar tendría que incluír, para ser democrática, no que ésta quede en manos de fuerzas ignotas -los procedimientos democráticos- sino de principios explícitamente conocidos que puedan, con el crecimiento de los alumnos, permitirles tomar decisiones y participar en los procesos mismos. Invertir las prioridades -elección con procedimientos democráticos de los fines educativos- simplemente se camuflan dichos fines o se están imponiendo, puesto que la relativización es una valoración particular que, simplemente, anula la posibilidad de crítica.

Lógicamente esto supone que habrán de pensarse tres cosas:

1. ¿Es legítima y moral la famosa “educación para la ciudadanía” con contenidos que exceden la elección de los padres?

2. ¿Es legítima y moral la denominación de la educación como “servicio público” como lo son los transportes o los hospitales, o más bien se trata de una ayuda al ejercicio libre de derechos personales-familiares?

3. ¿Es realmente legítimo, moral, posible y prudente el establecimiento de procesos democráticos de decisión en todos los niveles del gobierno de los centros educativos?

Seguro que pueden hacerse muchas más precisiones. Seguro que algunas, muchas o todas estas afirmaciones han de reformularse, argumentarse del todo, etc. Esto es sólo una aproximación al problema.