Ética personal y ética política

En España se aproximan las elecciones generales. No pretendo escribir, sin embargo, de “esa política”, sino de cuestiones antropológicas y éticas que esta circunstancia obliga a considerar.

La sustancia misma de la acción política es el ejercicio del poder en orden a la consistencia social. Si todos fuéramos buenos, buenísimos, el gobiernos podría ser, innecesario: bastaría con un coordinador para poner por escrito los consensos, por otro lado, fáciles de conseguir. Si todos fuésemos buenos, las relaciones entre las personas no estarían siempre amenazadas por la injusticia.

Las relaciones intrafamiliares poseen consistencia natural: que un padre no quiera el bien del hijo, o el hijo de la madre es una aberración natural de la estructura misma, no un problema de consistencia social: es previo a esto. Cuando en una sociedad el gobierno ha de regular las relaciones intrafamiliares -llevamos a la cárcel al padre que pegue al niño, etc. - es porque las cosas están muy, pero que muy mal.

Pero volviendo al eje central de la argumentación:

la razón de ser del gobierno, y por tanto del ejercicio del poder que es lo propio, tiene como única justificación el sostenimiento de las relaciones de justicia.

Es decir, el reto de una sociedad es que las relaciones interpersonales se sostengan según criterios de justicia, es decir, según criterios éticos. Puesto que esto no está asegurado, es imprescindible la existencia de un gobierno que arbitre la situación.

En este sentido, la ética política tiene como comentido directo la justicia, no la felicidad de las personas, de cada uno de los miembros de la sociedad. Se sobreentiende que en ámbitos de justicia se vive dignamente y que ahí la persona puede disponer del campo libre suficiente como para tomar decisiones personales que le permitan llegar a su fin propio.

Por tanto, la ética política no rige todo, y sin embargo requiere que el gobernante sostenga la justicia. Ahora bien, la justicia no es una técnica, ni la mera aplicación de leyes preexistentes… no es cálculo -como predendían los filósofos del siglo de las luces y…. de las oscuridades-. La justicia se sostiene fruto de la toma de decisiones que han de ajustarse a la realidad y a la “naturaleza de la realidad”. Eso es, simple y llanamente PRUDENCIA.

La acción de gobierno es el ejercicio de una virtud por parte de la personas que gobiernan.

Pero… ¿se puede, realmente, ser prudente en cuestiones que no afectan a mi propio bolsillo si carezco de esa virtud cuando me toca en primera persona? ¿Se puede, realmente, salvaguardar la justicia cuando, en mi ámbito próximo, “desconozco” su contenido? Si la prudencia está más allá del mero cálculo -la vida humana está llena de novedad… por tanto de problemas nuevos- ¿no es fácil, a caso, malversar los criterios, las justificaciones que llevan a tomar una decisión u otra?

Puesto que el ejercicio del poder en la acción de gobierno no recae inmediatamente sobre uno mismo -no percibe el efecto- puede perderse sensibilidad ética con más facilidad aún que en el ámbito personal, donde los efectos, sin ser criterio moral, en ocasiones ayudan a discernir.

Es evidente que la virtud personal no forma parte de los programas electorales, pero es evidente que las condiciones personales de los gobernantes, sus virtudes, son condición necesaria del buen gobierno.